Cuando llame Rajoy

Podría apostarse a que, si gana, lo primero que hará Rajoy tras constituir su Gobierno será llamar a Rubalcaba y proponerle un pacto de Estado para desplegar una política de ajuste no muy diferente de la que Zapatero ha venido aplicando con más o menos éxito desde mayo de 2010 con el rechazo, o como mínimo sin el apoyo, del PP. Fue precisamente la dificultad para encontrar elementos claros de diferenciación programática lo que llevó a los estrategas del PP a poner el acento en el liderazgo y, por tanto, en la necesidad de cambiar cuanto antes de Gobierno adelantando las elecciones. Montoro lo ha formulado diciendo que poner fin a la legislatura sería el mejor mensaje para recuperar la confianza de los mercados.

Pero Rajoy ya debe saber que se trata de un deseo, no de una expectativa avalada por la experiencia de los tres países intervenidos por la UE, en todos los cuales el cambio de signo de sus Gobiernos no ha aflojado la presión. Sobre todo en Grecia, cuya bancarrota se produjo con Gobierno conservador pero fue el socialista salido de las elecciones el conminado a aceptar unas condiciones draconianas (altos intereses y recortes del gasto incompatibles con la recuperación económica) que han llevado a la situación crítica que aborda hoy el Consejo Europeo.

Hay una cierta confusión cuando a Zapatero se le critica a la vez su pasividad contra la crisis y su exceso de celo en la aplicación de medidas contradictorias con sus compromisos electorales. La situación griega (en los despachos y en la calle) lleva a preguntarse qué podría haber pasado aquí si en mayo del año pasado no hubiera aceptado hacer los recortes y reformas que se le exigieron.

Pero si el cambio de Gobierno no garantiza la recuperación económica ni la confianza de los mercados, Rajoy tendrá que ganársela, y para ello plantear iniciativas adicionales de ajuste para cuya aplicación necesitará acuerdos con los socialistas, sobre todo si no tiene mayoría absoluta. Es cierto que Zapatero nunca ha estado muy interesado en alcanzar acuerdos con el PP. Por ejemplo, ni se planteó la hipótesis de un entendimiento que evitase los elevados costes de los apoyos nacionalistas a los presupuestos. Pero es que el PP lleva años negándose a mirar más allá de la jornada electoral: solo le ha interesado asegurar la victoria, despreciando el consenso con el PSOE e incluso boicoteando a través de sectores de la patronal las posibilidades de acuerdo social sobre reformas como la de los convenios.

Otro problema que Rajoy se encontrará sobre la mesa si gana y para el que también necesitará una política concertada con el PSOE es el de la gestión del fin de ETA. ¿Estarán ya hablando del asunto, aunque sea entre segundos niveles? De momento, lo único visible es un intento del PP de utilizar el caso Faisán para eliminar de la competición al candidato Rubalcaba. Es un reflejo de la confusión reinante, sobre todo desde la legalización de Bildu. ¿Cómo extrañarse de que los de ETA digan en su último comunicado que han ganado la batalla política e ideólogica de la ilegalización, si escuchan a sus máximos enemigos que la sentencia del Tribunal Constitucional supone el fracaso (y la derogación) de la Ley de Partidos? Esa ley ha conseguido que el brazo político de ETA acepte las condiciones del Estado de derecho para recobrar la legalidad, rechazando públicamente la estrategia político-militar y comprometiéndose a expulsar a quienes apoyasen acciones terroristas. Y ese distanciamiento es lo que ha provocado el éxito electoral de Bildu, cuya continuidad depende de que no haya violencia y, a medio plazo, de que ETA desaparezca del todo.

Lo que no estaba al alcance de la Ley de Partidos era acabar con el fanatismo ideológico de la izquierda abertzale, manifestado estos días en temas como el monolingüismo en la Diputación de Gipuzkoa o el rechazo a que la Vuelta a España pase por Euskadi. La acción política, y en su caso jurídica, contra esas actitudes continúa pero ahora sin el obstáculo añadido de la coacción violenta. En lugar de limitarse a reclamar la vuelta a la situación anterior, lo lógico sería adaptar la estrategia antiterrorista a esa nueva situación, más favorable para la desaparición de ETA que la anterior.

Y no cometer los errores de sectarismo del pasado. El intento de forzar la retirada de Rubalcaba utilizando el caso Faisán, aunque el precio sea la ruptura del (vacilante) consenso antiterrorista, puede tener un alto coste para el PP. Entre otras cosas porque es manifiesto que el intento de sacar de la pista al exministro del Interior es una iniciativa de un periódico, El Mundo, a la que se ha sumado el primer partido de la oposición. Una campaña muy artificiosa que busca considerarle cada día culpable de algo, tenga o no relación con él.

¿Habrá reparado Rajoy en que si la campaña tuviera éxito y Rubalcaba no se presentara, la previsible victoria del PP no sería suya sino de ese periódico, lo que no podría dejar de afectar a la autoridad del nuevo presidente?

Artículo en El País de Patxo Unzueta el día 21.7.11

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