La
corrupción es la segunda preocupación de los españoles después del paro. Cuando se habla de juego sucio se asocia
directamente con los políticos. Sin embargo, siempre hay empresas detrás de estas
malas prácticas. Es un baile que requiere inexorablemente de dos actores. Hay
quien opina que es un acto consentido, y quien cree que una de las partes
fuerza a la otra a danzar porque tiene el poder de la concesión pública en sus
manos. La gran mayoría de las compañías españolas son honestas y actúan
respetando la legalidad, pero también es cierto que cada caso que se destapa salpica a un buen puñado de sociedades. Muchas son pequeñas y
desconocidas, pero otras son de gran tamaño, entre ellas varias del Ibex 35.
Los expertos urgen a buscar soluciones ya que la corrupción tiene graves
consecuencias para la economía de un país al poner trabas a la competencia, impedir
el desarrollo de empresas más competitivas, frenar la llegada de capital
extranjero y socavar recursos públicos.
La corrupción es algo bastante habitual en España, pero también en otros países. La
diferencia es que en mercados como el anglosajón hay una actitud mucho más
decidida a combatir estas prácticas. Es una lacra para la sociedad.
Genera desigualdades e inseguridad jurídica y hace que aumenten los costes
porque hay que pagar más para conseguir lo mismo”, advierte Ignasi Carreras,
director del Instituto de Innovación Social de Esade. “Es fácil mirar para otro
lado y decir que no hay corrupción o adoptar una actitud victimista y pensar
que si yo no entro en el juego no voy a crecer. Es un error. Cuando actúas así
debilitas a tu empresa porque desincentivas el esfuerzo. El dinero que usas
para lograr contratos se lo quitas a áreas como la de investigación”, señala
Daniel Truran, profesor de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
director general del European Bahai Business Forum.
La persistencia de tics poco
éticos en la forma de hacer negocios es reconocida por los propios directivos. El
52% de los empresarios españoles asume que la única manera de tener éxito es
disponer de contactos políticos, cifra superior a la media de la UE
(47%), según un informe de la Comisión Europea sobre la lucha contra la corrupción
publicado en febrero pasado. La firma PwC publicó a principios de año una
encuesta realizada entre más de 5.000 ejecutivos de todo el mundo, según la cual la mitad de los españoles
consultados admitía haber visto algún delito económico en su organización en
los dos años anteriores. Otro estudio de EY, divulgado hace cinco
meses, denuncia que el 36% de los directivos españoles aprueba la práctica de comportamientos
poco éticos para salvaguardar su negocio.
El Índice de
Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional —indicador que señala el grado de
corrupción en el sector público, según la opinión de empresarios y analistas—
sitúa a España en el puesto 37 de un total de 175 países, por detrás de
Polonia, Puerto Rico, Chipre, Botsuana, Estonia, Emiratos Árabes Unidos, San
Vicente y Granadinas, Bután, Botsuana o Barbados, entro otros. En este sentido,
Ricardo Noreña, socio responsable de auditoría forense (Forensic) de EY, cree
que el
origen de la corrupción está en la falta de controles en las administraciones
públicas, más que en las empresas. “El fraude surge donde está el
poder. Si alguien no pide, la empresa no va da dar dinero de forma espontánea,
porque va contra su margen y porque le puede meter en graves problemas”,
explica Noreña.
El economista y consultor César Molinas, sin embargo, no es partidario de exonerar a
las empresas de estas prácticas: “Las compañías crean riqueza y la mayoría lo
hace de forma limpia, pero hay un grupo de organizaciones que se prestan al
juego. En los contratos públicos, sobre todo los que se conceden a nivel
municipal y autonómico, hay muchos concursos que no son limpios”. Molinas
subraya que la corrupción no afecta solo a pequeñas empresas. “El famoso 3%
catalán, que no se sabe si es solo el 3% y si se circunscribe solo a Cataluña,
lo pagaban grupos grandes”. Molinas también habla de unas prácticas
empresariales bastante extendidas en España y que él ha bautizado con el
sobrenombre “capitalismo castizo”. “No es una actuación delictiva, sino el uso
por parte de las empresas de su poder para influir en el BOE. Un instrumento
para lograr los objetivos son las puertas giratorias. Es una práctica igual o
más nociva que la corrupción, pero no es delito porque nadie compra a nadie
directamente”, explica.
Con
independencia de si es antes el huevo o la gallina, o quien corrompe a quien,
lo cierto es que pocas empresas denuncian públicamente intentos de soborno o concursos
amañados a pesar de las reiteradas peticiones de organismos como la OCDE para fomentar las filtraciones como
medicina contra la corrupción. “Las compañías no suelen denunciar porque para hacerlo deberían contar
con algún tipo de protección. Si alguien decide señalar en solitario
irregularidades lo normal es tomar represalias contra él. La corrupción es un
engranaje muy complejo, parecido al funcionamiento de la mafia”, explica
Noreña.
¿La
corrupción la protagonizan trabajadores a título individual para beneficio
propio? ¿O por el contrario son prácticas habituales en la cultura de una
empresa? Los expertos creen que el ámbito de los delitos económicos
(apropiación indebida, fraude fiscal, cohecho, manipulación contable,
soborno...) es tan amplio que pueden convivir perfectamente las dos
situaciones. Sin embargo, en los casos de gran corrupción —como el que
protagonizó Siemens— es inevitable que la cúpula de la compañía, bien por
acción, bien por omisión (falta de controles), tenga la culpa. Ignasi Carreras
cree que en la gran mayoría de los casos las prácticas fraudulentas no se
incitan desde la cúpula. “Ahora bien, la dirección de la empresa es
quien debe marcar las pautas anticorrupción. En este sentido, los principales
directivos de las compañías españolas deben de ser mucho más duros”,
dice.
Antonio Argandoña, profesor de ética empresarial de IESE, considera que el
peligro de que la clase empresarial sea más o menos corrupta responde a la
relación entre tres variables:
- La posibilidad de ganar dinero,
- La probabilidad de que te denuncien
- El precio que hay que pagar si se demuestra el hecho delictivo.
Argandoña es contrario a la teoría de los
versos sueltos en materia de fraude. “Pensábamos que era un problema de la
manzana podrida. Pero hemos ido razonando y esto no es posible si la empresa no
lo admite”.
Las
investigaciones judiciales demuestran que es extremadamente difícil destapar
delitos de cohecho, blanqueo de capitales, o fraudes a la administración. En
sus notas manuscritas, el extesorero del
PP Luis Bárcenas, recogió durante años decenas de apuntes con supuestas donaciones
ilegales al partido (de hasta 7,5 millones) por parte de 14 empresas. En
los interrogatorios ordenados por la Audiencia Nacional sobre el caso muchos
cargos políticos reconocieron ante el juez que en la formación había una caja
de dinero negro, pero todos los empresarios, sin excepción, lo negaron.
La otra cara
en la moneda de la corrupción podría estar en el crecimiento de la economía
sumergida. Según el sindicato de Inspectores de Hacienda (Gestha), entre 2007 y 2012 se incrementó en 59.509
millones y ya supone el 24% del PIB nacional. “Detrás de la economía sumergida
está lo que una sociedad quiere ser. Se trata, básicamente, de un problema de
moralidad. Cuando a una sociedad no le parecen condenables ciertas actitudes
(por ejemplo, no está mal visto no pagar el IVA o intentar defraudar a
Hacienda) es que esta sociedad está optando por una economía con un elevado
índice de economía sumergida y con todas las implicaciones que ello conlleva”,
dicen los inspectores.
Como apunta la profesora de Derecho Penal de
Empresa en la Universidad de Vigo Inma Valeije, uno de los efectos más
perniciosos de la corrupción es que afecta a la equidad, la pobreza o las
finanzas públicas. "Cuando la corrupción orienta la decisión, el tamaño y
complejidad de los proyectos de inversión, tiende a inclinarse por los más
grandes y difíciles y muy pocas veces se focalizan a favor de las clases más
pobres. También resulta un obstáculo importante para el desarrollo de pequeños
proyectos empresariales porque su presencia en los ámbitos administrativos y
políticos se traduce en forma de exageradas regulaciones, controles y trámites
para el funcionamiento de microempresas. Mientras que para las grandes no se
exigen o pueden eludirse a través de pagos ilegales".
Resolvamos de una vez la
financiación de partidos, que es la sangre de una formación. Ya va siendo hora
de que hablemos seriamente de este tema”, opina Argandoña. “Cuando alguien me
dice que estamos en un mundo corrupto siempre pregunto a mi interlocutor si
pagaría facturas sin IVA. Muchas veces se quedan en silencio.
DAVID FERNÁNDEZ /
MARÍA FERNÁNDEZ 21 DIC 2014 - EL
País
JP
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